SOBRE LOS PROYECTOS VIALES EN MORELIA

Con relación a la reciente recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre a la violación cometida por el gobierno del estado, al cambiar de forma ilegal el decreto de la Loma de Santa María como Área Natural Protegida (ANP), quisiera hacer unas precisiones importantes con el apoyo de algunas ideas de un experto en derecho ambiental, Manuel Tripp:


1. La gestión realizada ante la CEDH es resultado de iniciativas ciudadanas, que buscan el cumplimiento de la legalidad y vigilan el actuar de las autoridades, cuando violentan el estado de derecho. Esas acciones fueron iniciadas en 2007 cuando se logró que la CEDH emitiera una recomendación, tanto para el gobierno del estado como para el municipio, de que el proyecto vial del “Megatúnel” ponía en riesgo la vida de los morelianos (por la falla geológica activa) y se violentaba la legalidad al pretender construir en la ANP de la Loma de Santa María. Ambos instancias aceptaron acatar la recomendación.


2. No obstante, el 31 de diciembre del 2009, el nuevo gobernador Leonel Godoy cambió “de facto” y abrogó sin apegarse a la legalidad el decreto de ANP y bajó de estatus de protección de la Loma de Santa María como zona sujeta a restauración ecológica. Además redujo su extensión original (30%) para posibilitar la realización de una vialidad y urbanización en la otrora ANP. Un mes después, su equipo de funcionarios estatales (Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente, SUMA; Procuraduría del Ambiente, PROAM; y Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, SCOP) presentaban el proyecto vial, justamente en el polígono que quedó desprotegido, sin una fundamentación social, financiera y mucho menos ambiental.


3. Frente a ello, la sociedad civil moreliana (integrada por organizaciones sociales e individuos con conciencia social y preocupación ambiental) demandaron en enero de 2010 al gobernador del estado y a la Secretaria de SUMA ante el Tribunal de Justicia Administrativa por el cambio del decreto. La demanda no prosperó por no ser reconocido en Michoacán, a diferencia de otros estados, el interés difuso que está asociado con la defensa ambiental.


4. El gobierno del estado, a través de SCOP, solicitó en abril y junio del 2010 la autorización del cambio de uso del suelo forestal y la realización del proyecto vial por medio de una manifestación de impacto ambiental, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ambas gestiones fueron negadas en 2010 y 2011, debido a las inconsistencias técnicas y las observaciones que fueron debidamente fundamentadas por la sociedad civil durante la consulta pública.


5. Paralelamente en 2010, se ingresaron demandas ante la CEDH por la violación de los derechos humanos al cambiar el estatus de protección de la Loma de Santa María, sin que hubiera una consulta previa y un estudio técnico justificativo que fundamentara tal iniciativa. A más de un año, en septiembre del 2011, se logró tener un fallo a favor, donde la CEDH hace el señalamiento de que la pretendida abrogación del ANP de la Loma de Santa María, intentada por SUMA estaría violando derechos humanos. Por esta razón recomienda, que SUMA se sirva elaborar y someter ante el Gobernador la declaratoria del área natural protegida de "La Loma de Santa María y zonas aledañas", y que en caso de que pretenda modificar o abrogar dicha declaratoria, haga la consulta pública y los talleres de información y consulta que la ley prevé. También recomienda buscar alternativas para la construcción de vialidades y señala que aún cuando es importante construir nuevas vialidades en la ciudad de Morelia, éstas no pueden construirse dañando o afectando los ecosistemas y recursos naturales.


5. Tanto la recomendación de 2007 como la del 2011 son un importante precedente legal en Michoacán, para la defensa del medio ambiente como un derecho humano; y la sanción del actuar de las autoridades estatales, al violar la ley y cambiar el estatus de protección de un ANP, sin consultar a la población ni justificar técnicamente la iniciativa. De igual manera ofrece una visión de defensa a los derechos humanos cuando existen proyectos viales o de otra índole (presas, urbanizaciones, mineras, etc.), que ponen en riesgo la seguridad de la población y atentan contra el patrimonio natural. Nunca una obra o proyecto por necesario que parezca puede poner en riesgo la vida de los habitantes ni afectar los ecosistemas y sus múltiples beneficios que ofrecen a la sociedad y al ambiente en general.


Las recomendaciones de CEDH son una herramienta de defensa de la sociedad que busca conservar el patrimonio natural de los michoacanos de la voracidad de unos cuantos. También evidencian la ilegalidad con la que han actuado las autoridades estatales y municipales, y que en su momento fue denunciada por la sociedad civil. Con ello, la CEDH afirma su imparcialidad y su calidad de garante de los derechos humanos en Michoacán.


Finalmente se espera que las autoridades estatales y municipales (las que van de salida y las que van a entrar) asuman la responsabilidad que tienen con los morelianos y michoacanos en la protección del medio ambiente, y cumplan con las recomendaciones de la CEDH de no violentar el estado de derecho, con decisiones que vulneren la esfera jurídica de los gobernados, en franca violación a sus derecho constitucional a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Si las recomendaciones de la CEDH no son atendidas, los derechos humanos de los michoacanos estarán en riesgo. Esperemos que esta vez triunfe la razón.


Patricia Avila