Una mirada histórica a la política ambiental mexicana: logros y tareas pendientes


Historia ambiental: participación social y política ambiental.


 

La historia ambiental es la historia de las mediaciones sociedad-naturaleza; es el seguimiento de cómo el ser humano se ha vinculado con el ambiente; es una historia que extiende sus fronteras más allá de las instituciones, economías, clases, sistemas, organizaciones políticas, ritos culturales, adentrándose a la naturaleza, a los ecosistemas, al medio ambiente, que es el sustento material de la producción y del contexto en el que tiene lugar el desarrollo. (Ortiz, et al. 1986:13)

 

 

INTRODUCCIÓN

La línea histórica en la relación entre el hombre y la naturaleza siempre han existido grupos sociales que han alterado los límites tolerables y permisibles en el uso de los recursos de su ecosistema inmediato, esto ha tenido consecuencias nefastas para su supervivencia a largo plazo. En el tiempo en se pueden medir la historia de la tierra, el hombre ha tenido un impacto poco significativo comparado con el momento actual, lo anterior no resulta novedoso, lo que sí resulta relativamente nuevo es la magnitud y rapidez con la que ocurren los procesos productivos y los rangos de utilización de los recursos ambientales. A estos ritmos de desgaste del ambiente y alteración del paisaje, a la naturaleza no se le esta permitiendo recuperar y restaurar las capacidades de su entorno natural desde hace varias décadas.

La sistematización del estado que guarda el medio ambiente en distintas etapas históricas es un asunto relativamente novedoso, para el caso mexicano, existen muy pocos trabajos que den cuenta de la importancia del conocimiento histórico sobre el medioambiente en todas las regiones del país, si la historia de medioambiente mexicano es escasa, la historia de la política ambiental en México es aún más escasa, por lo que este tema se constituye como una tarea pendiente para los estudiosos e interesados en la historia del medioambiente.

                El presente ensayo se inscribe en este sentido, con la aclaración de contribuir sólo como una lectura de reflexión en el tema de la historia reciente de la política ambiental mexicana.

 

 

 

 

LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA AMBIENTAL

Los hombres como una más de las miles de especies en el planeta somos capaces de explotarnos a nosotros mismos hasta casi extinguirnos ¿De qué seremos capaces con la naturaleza? La magnitud del deterioro del medioambiente por efectos antropológicos en la escala planetaria no tiene antecedentes[1], el impacto del hombre en el planeta se refleja en todos los componentes del medio físico, tanto en la calidad del aire, el agua, el suelo, los bosques, la flora y la fauna, todos y cada uno de estos componentes han sido alterados por la acción humana en donde lo prístino solo es un mito[2], en diferentes grados y bajo diferentes circunstancias, se han contaminado ríos, esteros, lagos, lagunas, mares; se han extinguido especies de la flora y la fauna; se han alterado ecosistemas, se han roto cadenas tróficas y se ha dañado el material genético de animales y plantas con consecuencias inimaginables para el hombre y para la propia relación hombre-naturaleza, quizá en esta relación en el corto plazo ha ganado el hombre, pero en el largo plazo no existe esta posibilidad, la historia nos enseña que la naturaleza no pierde, ésta sólo se transforma parcial o radicalmente.

Varios casos ilustran esta magnitud de deterioro, por ejemplo, antes de que la especie humana inventara la agricultura, existían 6 000 millones de hectáreas de bosques en el planeta, ahora solamente quedan 4 000 millones de hectáreas, de estos, sólo 1 500 millones son bosques primarios inalterados, la mitad de esta pérdida forestal ocurrió en tan sólo cuatro décadas, entre 1950 y 1990 (Meadows, et al., 1992: 89; Ander-Egg, 1995: 115). Esta situación hace que México tenga una de las tasas de deforestación más alta de bosques y selvas del mundo, no existe un indicador de tasa de deforestación homogéneo y los datos varían entre instituciones ambientales e investigadores sobre el tema, por ejemplo, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), reportaba para el año 2000, pérdidas anuales de 370 000 hectáreas. Tan sólo en la década de los ochentas el país sufrió una pérdida de bosques de aproximadamente   1 500 000 hectáreas debido principalmente a los incendios forestales. Por su parte Leticia Merino ha señalado que en los años ochenta, la tasa de deforestación osciló entre 320 y 670 mil ha/año para bosques y selvas cerrados y alrededor de 50 ha/año para bosques abiertos (Merino, 1996). Asimismo, el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), señala una tasa anual de deforestación, entre 1990 y 1995, para México del 0.9 por ciento (PNUD, 1999: 205).

                Del mismo modo el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que una de cada ocho especies está en peligro de extinción, y que en dos generaciones más no habrá energía generada por fotosíntesis disponible para la vida silvestre, ya que los altos índices de deforestación anual en los países con alta biodiversidad confirman esta tendencia (PNUMA, 2000).     

En materia demográfica se sabe que la población mundial es, aproximadamente, seis mil quinientos millones de personas[3], cada tres años aumenta esta cifra el equivalente a la población actual de los Estados Unidos (200 millones). Haciendo cuentas la población mundial se incrementa 163 296 cada semana; 23 328 por día; 972 por hora; 162 personas por minuto; 27 personas cada 10 segundos, con esta dinámica poblacional se espera que para el año 2050, la población mundial rebase los 10 mil millones de habitantes.

El overshoot[4] o sobrepasamiento poblacional, representa dotar de servicios al doble de la población mundial actual, cultivar el doble de alimentos, producir el doble de combustibles, etcétera, con efectos adversos hacia el ambiente. Por su parte el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute), estima que un 11 por ciento de la superficie con cubierta vegetal de la tierra se ha degradado desde la segunda guerra mundial (por la intervención humana) hasta el punto de poner en peligro su productividad, esta superficie de cerca de 1 200 millones de hectáreas, equivalente a la extensión de la India y China juntas (Ander-Egg, 1995:38). Cada año se degradan alrededor de 7 millones de hectáreas de suelo, entre 1970 y 1990 la superficie de la tierra perdió 480 000 millones de toneladas de capa vegetal superior, equivalente a lo que podría ser la superficie cultivable de la India, lo anterior, entre otras cosas, causado por los datos de deforestación antes señalados.

Según un informe de la FAO de 1993 sobre la situación de la superficie cultivable de la tierra, la superficie de suelo fértil representaba solamente el 11 por ciento, ya que un 28 por ciento del suelo era demasiado seco para ser cultivado, un 23 por ciento presentaba contaminación química, un 22 por ciento era demasiado delgado, un 10 por ciento era demasiado húmedo y finalmente un 6 por ciento estaba permanentemente congelado (Ander-Egg, 1995: 40).

Lo mismo ocurre con la cantidad y calidad del agua potable disponible en el mundo, así como su acceso y dificultad para distribuirla, su demanda aumenta mientras que la disponibilidad y acceso a la misma disminuye. Si cruzamos estos datos con los datos de ingresos de la población, las conclusiones son más que preocupantes ya que solamente un 10% de la población mundial concentra la riqueza del 80 % de la económica del mundo y según informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2003) más de una cuarta parte de los 4 500 millones de personas que viven en condiciones críticas de pobreza, es decir, casi 1 300 personas que viven con menos de  un dólar diario, no tienen acceso a agua limpia, uno de cada siete niños en edad de asistir a la escuela primaria no tiene recursos para ello, se estima en 850 millones de personas en estado de desnutrición y 1 500 millones de personas carecen de vivienda propia, el número absoluto de pobres en América Latina es hoy más alto que nunca, 224 millones, un hecho que esta en contradicción con los objetivos de la justicia social y la sostenibilidad ambiental de las actividades económicas, dos de los componentes básicos de la concepción del desarrollo sostenible  (PNUD, 1999: 28).

Para ampliar las zonas de cultivo a gran escala, se han reducido bosques y selvas, lo que ha implicado una irreparable pérdida de la biodiversidad que afecta asentamientos y poblaciones humanas locales. Con sólo seis compañías agroquímicas que controlan la producción mundial de alimentos: Monsato, Novartis, AgroEvo, Dupont, Zeneca y Dow, (Monroy: 2001) se monopoliza el mercado agrícola en detrimento de los campesinos de pequeña escala,  además se manipula y modifica genéticamente la mayoría de las semillas mundiales con el fin de hacerlas más resistentes a los efectos climáticos y biológicos. Estas nuevas clases de semillas deterioran la capacidad de selección natural perdiéndose material genético para siempre[5]. Las empresas que manipulan genéticamente las semillas exigen su patente, monopolizando no sólo su comercialización, sino también la posibilidad de adquisición por parte de pequeños agricultores (Monroy: 2001).

 En general, sólo un 10% de la energía disponible pasa de un eslabón a otro de la red trófica[6]. Aunque muchos pueblos del mundo conceden más importancia al consumo de plantas y productos derivados de ellas en sus dietas, las preferencias alimentarías de los países desarrollados han llevado a un elevado consumo per cápita de productos de origen animal, buena parte de los cuales proceden de ganado alimentado con grano, por ejemplo, el incremento en la demanda del consumo de carne representa producir dos kilos de cereal por cada pollo, tres kilos por cada cerdo y ocho kilos más de cereales por una cabeza de ganado[7], en este sentido es mucho más eficiente, en términos ecológicos que los seres humanos consuman las plantas directamente, en vez de alimentarse con los animales herbívoros que se las comen.

Finalmente sabemos que vivimos en un mundo finito, los niveles de producción son finitos, los recursos energéticos que utilizamos son finitos y los recursos biológicos son finitos, todos ellos están en franco declive, no solamente por la demanda mundial de recursos, sino particularmente por el propio proceso de desarrollo capitalista como motor de la sociedad postindustrial.

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE POLÍTICA AMBIENTAL EN MÉXICO

Rastrear los antecedentes de la política ambiental en México significa rastrear eventos de impacto ambiental que implicaran una acción correctiva por parte del Estado, sin embargo estos eventos no necesariamente corresponden a una continuidad de política ambiental en las diferentes fases de las historia de México. Es sólo hasta la consolidación de las instituciones posrevolucionarias que se puede hablar de una política ambiental propiamente dicha, aunque existan casos aislados y algunos antecedentes importantes de consideración, por ejemplo los señalados por Andrés Molina Enríquez en su texto de 1909, Los grandes problemas nacionales, quien ya desde inicios del siglo pasado denunciaba la crisis del agro y la imposibilidad de ser un país autosuficiente si no éramos capaces de consolidar el sistema alimenticio nacional, el trabajo de este autor sintetiza una serie de problemas sociales y ambientales que deberían ser transformados en acciones políticas por parte de lo que más adelante sería el naciente Estado Mexicano, por ejemplo, garantizar la autosuficiencia alimentaría, para lo cual era necesario reformar el sistema agrario en función de caracterizar las regiones del país para la distribución de tierra, ejercer mecanismos para garantizar la dotación de agua en función de la distribución poblacional y de las necesidades regiones,  así como tener una política clara en materia poblacional (Molina, 1999: 102-147).

Los primeros signos de intervención del Estado en política ambiental tienen características proteccionistas, tal es el caso de la conformación de Áreas Naturales Protegidas del país, política que se remonta a 1867 bajo la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, quien expropia el Desierto de Los Leones, en función sobre todo de la importancia de sus manantiales (Instituto Nacional de Ecología, INE, 1995). Posteriormente el Desierto del los Leones fue declarado como el Primer Parque Nacional en 1901 y ratificado en 1917 por decreto presidencial por Venustiano Carranza (Ortiz, 1986: 235).

 En estos años se destaca la actuación del Ing. Miguel Ángel de Quevedo quien, en su calidad de Presidente de la Junta Central de Bosques[8], promovió la primera Ley Forestal de México en 1909, dicha ley sólo se pudo aplicar en el Distrito Federal, pues la constitución de 1857 no autorizaba al Gobierno Federal a intervenir en esa materia en los estados. Miguel Ángel de Quevedo continuó impulsando la preservación de los bosques durante el régimen maderista y posteriormente solicitó una ley federal para la protección de los recursos forestales al Congreso Constituyente de 1917, que se haría realidad hasta 1926 y que más tarde, ya en el gobierno del General Lázaro Cárdenas, entre 1935 y 1939, se auspició la creación de 39 Parques Nacionales con una extensión aproximada de 650 mil ha. de bosque de pino y encino en la zona templada subhúmeda, distribuidos en 17 estados del centro del país[9] (Challenger, 1998: 212).

Los Parques Nacionales quedaron bajo la jurisdicción de dos instituciones diferentes, por un lado la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; en 1978 establece que éstos se destinarían para mejorar las condiciones de vida y bienestar de los asentamientos humanos además de cumplir sus funciones propias de recreación; por otro lado en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), quien administrará los Parques Nacionales con funciones de conservación de ecosistemas y de protección de cuencas hidrológicas, institución que separa los elementos de conservación, recreación y utilización de los parques. Esta situación generó confusión sobre el uso mismo del recurso, confusión que dio origen a una ubicación administrativa errante, confusa y de bajo nivel jerárquico, en donde se evitaron compromisos institucionales claros y de largo plazo, por lo tanto queda diluida la responsabilidad de su financiamiento para su recuperación y manejo apropiado (INE, 1995).

A partir de entonces la historia de los Parques Nacionales estuvo llena de contrasentidos, indecisiones, errores, carencia de recursos económicos y escasa cultura popular para la conservación, sin mencionar los problemas generados por el traslape de tenencia de la tierra tanto de comunidades y ejidatarios, ya que la mayoría de los casos los recursos de expropiación no se ejecutaron debidamente y no existió el pago de la indemnización correspondiente (Huacuz, 2005: 35).

Actualmente los Parques Nacionales se inscriben dentro de la categoría de Áreas Naturales Protegidas, cubren el 7 por ciento del territorio nacional con una extensión aproximada de 700 mil hectáreas y su estado de deterioro avanza, en su mayoría, por una serie de actividades relacionadas con tala clandestina, ganadería extensiva, cambio de uso de suelo, senderismo y erosión, manejo inadecuado o ausencia manejo del bosque, entre otros tantos problemas interrelacionados (INE, 1995).   

                               

LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL EN MÉXICO

Bajo el panorama previamente descrito, es que se conforma la política ambiental en México. Su administración en los primeros años formó parte de un problema de salud pública, bajo el esquema institucional promovido en la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental de 1971, dicha ley dará paso a la creación de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente un año después en 1972, esta subsecretaría bajo la dirección de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. El Estado mexicano intenta responder así a la demanda social, que en estos años y con resultado del movimiento ecologista internacional, enfatizaban los efectos de la contaminación en la salud humana (Lezama, 1997; CECADESU; 2005).

A pesar de que el medioambiente sufrió un proceso de deterioro severo desde los inicios de la etapa industrializadora en los años cuarenta (Lezama, 1997), es  a partir de una serie de problemas derivados de la expansión ganadera; la deforestación masiva de selvas tropicales en el sureste y los impactos de la industria petrolera; así como el descontento creciente de un gran número de grupos sociales, que creció la preocupación en torno a las demandas del movimiento ambientalista. Por iniciativa del Estado y como resultado de la Cumbre de Estocolmo, a principios de la década de los ochenta se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), con ella, la Subsecretaría de Ecología (1982). En 1983 se incluye por primera vez un capítulo de Ecología en el Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988) y se modifica el marco jurídico a favor de darla mayor atención al ambiente, al promulgarse la Ley Federal de Protección al Ambiente (Azuela, Carabias y Provencio, 1993).

En 1984 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) formuló el primer Plan Nacional de Ecología (1984-1988) a partir de un esfuerzo por elaborar un diagnóstico de la situación ambiental, este plan proponía medidas correctivas y preventivas, particularmente las referidas a la contaminación atmosférica y del agua, inquietudes que se materializaron en diversas Direcciones Generales dentro de la Subsecretaría de Ecología.

La SEDUE obtuvo escasos avances en la década de los ochenta, particularmente en materia de control de la contaminación, no obstante aumentó la superficie decretada bajo régimen de protección y se amplió el marco normativo que incluyó a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en 1988.

La crisis económica y social de estos años se reflejó en lentos resultados en materia de control de la contaminación. La política ambiental del país continuó bajo su propuesta sectorial y mantuvo escasa prioridad en los órdenes federal, estatal y municipal (expresión claramente identificable por la asignación de presupuestos). El reconocimiento internacional de la pobreza como un proceso interrelacionado con la degradación ambiental expandió la sensibilización pública alrededor del tema, para 1992 la política ambiental se fusiona con la política social con la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, que intentó un marco institucional más articulado entre las política social y ambiental (Sedesol/INE, 1994; PNUMA, 2000).

En los inicios de los años ochenta se da la primera manifestación en contra del deterioro ambiental de la ciudad de México, en este mismo periodo se fundan los primeros grupos ecologistas que más tarde jugaran un papel central en la negociación por descentralizar la industria de la capital y modificar las relaciones de poder en materia ambiental del país, a raíz de diversos accidentes industriales y eventos naturales como el explosión en San Juan Ixhuatepec y el terremoto de 1985 (Lezama, 1997; Natal, 2002; CEPAL, 2000).

                El impacto producido por el terremoto de 1985 en la Ciudad de México y en algunos estados del centro del país, generaron un amplio movimiento social que se tradujo en un incremento de presión hacia la democratización de las instituciones del Estado. En especial las organizaciones no gubernamentales (ONGs) hicieron hincapié en resolver los problemas urbanos emergentes como el de vivienda, transporte público y reducción de la contaminación del aire. En esta década se consolidan organizaciones ambientales y grupos ecologistas como el Grupo de los 100, El Movimiento Ecologista Mexicano, PRONATURA y la Unión de Ecologistas de Coyoacán (véase anexo 1, sobre la cronología de cien años en la política ambiental de México).  En estos años se abandona definitivamente la política nacional de autosuficiencia alimenticia que había perdurado hasta los años 70, y comienza el proceso de ajuste económico con forme a las nuevas exigencias de reformas estructurales de la economía global, claro no se trataba de un problema de producción sino de distribución.        

Para 1999 el Estado mexicano se había retirado de sus antiguas funciones de apoyo a la producción y regulación de precios de granos básicos, además de existir el famoso dumping por parte del sector agrícola norteamericano fuertemente subvencionado, por lo que la demanda interna es desborda y en país inicia su política de importación de granos que daña aún más el campo mexicano ampliando la espiral inflacionaria de la población campesina y con ello se reduce aun más el consumo calórico de las familias campesinas quienes para estos años no logran obtener las 2 200 calorías mínimas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (Dumont, 1991; Marielle: 2001). El problema del agro mexicano, es el primer eslabón de la cadena de eventos desafortunados que inciden en la pobreza del México rural, ya que cuando se desincentiva la economía agraria y se deja de invertir en el campo bajo nuevos enfoques[10], se inicia un proceso masivo de migración hacia los centros urbanos nacionales e internacionales, situación que fue ampliamente documentada por diversos autores (Stavenhagen, 1967; Warman, 1976; Dumont, 1986) actualmente cerca de tres millones de familias, entre mujeres indígenas y campesinas, mantienen un estilo de vida subsidiado por los programas gubernamentales, como PROCAMPO[11], PROGRESA y SOLIDARIDAD.

                Las recurrentes crisis económicas de finales de los años ochenta y principios de los noventa, así como la duda razonable sobre la legitimidad del proceso electoral de 1988, traen a la escena pública un sin número de organizaciones como las ambientalistas, que en su mayoría se dispersan en la acción partidista al crearse el Partido de La Revolución Democrática (PRD) en 1990, este partido político asume la necesidad de autonomía de las organizaciones sociales frente al corporativismo mostrado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y señala que estas organizaciones deben ser impulsadas de tal suerte que su impulso permita definir las prioridades de las obras del gobierno, así como su ejecución y supervisión, haciendo eco en los planteamientos que promovían los grupos ambientalistas de la época (Quadri, 1994).

Para mediados de la década de los años noventa existían ya la unión de grupos ambientalistas, Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, así como una gran cantidad de organizaciones sociales que se ubicaron el centro del país, bajo un contexto de gran variedad de expresiones de preocupación ambiental en un cambiante contexto a través del tiempo (Ramírez, 1998).

En 1992 se crea la Comisión Metropolitana para la Prevención y control de la Contaminación Atmosférica en el Valle de México (ahora Comisión Ambiental Metropolitana). En 1996 se dan las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente o LEGEEPA. Posteriormente El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 dedica un apartado de política ambiental para un desarrollo sustentable, en donde se describe sintéticamente las principales líneas de política institucional que corresponderá ejecutar a la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Finalmente el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 hace lo propio con la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

                Este breve esbozo histórico sintetiza parte de los eventos trasendentales que ha tenido la política ambiental mexicana en último siglo, se hace énfasis en los últimos 35 años, ya que el punto de inflexión en materia ambiental a escala internacional surge con el movimiento ecologista de los años setentas el cual pone en alerta al Estado mexicano quien reacciona en consecuencia abriendo espacios e institucionalizando formalmente el tema ambiental bajo el esquema aquí mostrado. Los últimos 35 años de política ambiental dejan un panorama confuso, si bien se han dado pasos importantes en materia legal para la protección ambiental, existen dudas razonables sobre la viabilidad del desarrollo desde los principios de la “sustentabilidad”.

Para concluir este breve recuento histórico se indican algunos de los retos que podrían dar viabilidad a la política ambiental mexicana, bajo la premisa de modificar las relaciones establecidas entre la sociedad y la naturaleza en función de introducir en el análisis la retrospectiva histórica.                 

 

 

RETOS Y TAREAS PENDIENTES, HACIA UN ESTADO ECOLÓGICO.

Frenar el deterioro ambiental no sólo con miras a la preservación de especies amenazadas con la extinción sino también garantizar el consumo responsable de los recursos naturales parece ser una tarea titánica[12] ya que a los grandes problemas ambientales del pasado como los referentes a la distribución y dotación de agua, los relacionados al agro mexicano, los conservación y manejo de bosques, los de extinción de la biodiversidad, ente otros, se la han sumando grandes problemas actuales como los de concentración de población urbana, calidad del aire, generación de desechos sólidos, bioseguridad, calentamiento global, etcétera. De lo aprendido de nuestro pasado poco queda cuando se traduce en política ambiental, los trabajos científicos sobre el tema enfrentan serias dificultades por lo limitado de los recursos económicos y escaso apoyo institucional. Las diversas experiencias nacionales e internacionales exitosas deberían ser rescatar con la promoción de sinergia entre el sector académico, el sector gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil introduciendo la variable temporal o histórica en esta sinergia.

                Resaltan dos cuestiones ambientales importantes, la primera consiste en hallar soluciones a los problemas del medioambiente urbano –aproximadamente un 70 por ciento la población nacional se concentra en zonas urbanas del país-, en estas grandes metrópolis la calidad del aire amenaza la salud humana y la escasez de agua amenaza su supervivencia. La segunda cuestión es el agotamiento y la destrucción de la naturaleza que continua siendo vista como “recurso” natural puesto al servicio del hombre para su apropiación y circulación en la esfera económica. Por otra parte las mejores reservas de tierra agrícola se destruyen por efectos de urbanización o degradación ambiental, los programas y las actividades en materia de desarrollo económico dirigido a combatir la pobreza siguen estando desvinculados de las políticas ambientales, debido a la deficiente coordinación interinstitucional y a la falta de recursos humanos en el tema que le darían a la administración pública un panorama más amplio de actuación. 

A pesar de lo expuesto, un aspecto alentador lo constituye la tendencia hacia la colaboración regional, particularmente respecto de cuestiones de carácter transnacional, los tratados internacionales en temas de comercio internacional han obligado al país a democratizar sus instituciones y a corregir sus deficiencias ambientales debido a los estándares impuestos de calidad y eficiencia, el discurso de la competitividad que se ha impuesto como política económica en el país depende en gran medida de su viabilidad ecológica, el turismo como actividad central terciaria depende de la calidad del paisaje ambiental, el desarrollo de los pueblos indígenas y de la mayoría de las pequeñas localidades del país depende de preservación y correcto manejo de sus recursos naturales, en síntesis la propia estabilidad y desarrollo nacional dependen del medioambiente, por lo que el gran reto de la política nacional será modificar toda la estructura sectorial haciéndola girar en función del medioambiente, el gran reto social será transitar de un Estado neoliberal moderno hacia un Estado Ecológico o de modernidad reflexiva (Eckersley, 2004).

                La historia ambiental no debería ser tomada en la política ambiental mexicana como letra muerta, al contrario, debería de ser un punto de partida cuando ser trata de mediar las relaciones entre distintos sectores de la sociedad y la naturaleza, en decir, se debería  promulgar por una historia ambiental activa, sin embargo, dentro de los lineamientos estratégicos seguidos por el marco institucional de la política ambiental nacional, en ningún apartado se hace referencia a lo aquí señalado, por lo esto se constituye como una asignatura pendiente.



[1] Aunque por ejemplo existen registros de que durante el Holoceno superior y medio, es decir, entre hace 10 000 y 5 000 años, se multiplican los yacimientos prehistóricos con presencia de bandas de cazadores que persiguen a cérvidos, a auquénidos y al caballo americano (Parahipparion peruanus). La presión de la caza guarda relación con la desaparición, entre 20 000 y 8 000 años, de parte de la gran fauna de la que formaban parte los Parahipparion, los mastodontes y los perezosos gigantes (Dullfus, 1995: 35).
[2] Al respecto puede consultarse el trabajo de Denevan, sobre el mito de lo prístino en: El paisaje de las Américas en 1492 (Denevan, 1992).
[3] Véase al respecto el reportaje especial sobre población publicado en la revista National Geographic, Vol. 3, N°. 4, Octubre de 1998
[4] Overshoot o sobrecarga es un concepto que implica sobre-explotar recursos sin permitir que éstos se recuperen de forma natural. Véase: Donella H.Meadows, et al., Más allá de los límites del crecimiento, El País, Barcelona, 1992.
[5] Sobre la importancia no solamente genética sino también cultural del maíz, uno una de las tres principales cereales producidos en el mundo, destaca el trabajo de Teresa Rojas (Rojas, 1991) quien al respecto señala: “Sí todas las plantas domésticas dependen del hombre para su propagación, el maíz depende más que ninguna: no puede reproducirse sin la intervención humana, pues sus granos están fuertemente unidos al olote y la mazorca tan perfectamente envuelta que los granos no pueden dispersarse solos e iniciar el ciclo vital, existen 48 razas diferenciadas hasta ahora y su tamaño paso de entre dos y tres centímetros hasta los 32 centímetros aproximados de hoy día 7 000 años después, este cereal desempeñó un papel central en la región y en la vida ritual. Planta divina, don de los dioses, sus periodos de reproducción marcaban el tiempo humano, regular y cíclicamente tanto en sus rituales y su calendario” (Rojas, 1991: 23).
[6] Se entiende por cadena alimenticia o trófica cada una de las relaciones alimenticias que se establecen de forma lineal entre organismos que pertenecen a distintos niveles tróficos. La red trófica está dividida en dos grandes categorías: la red de pastoreo, que se inicia con las plantas verdes, algas o plancton que realiza la fotosíntesis, y la red de detritos que comienza con los detritos orgánicos Véase: Enciclopedia Encarta 2005.
[7] Véase sobre este tema la revista: National Geographic op. Cit.
[8] Anthony Challenger señala que en 1922 se fundó la Sociedad Forestal Mexicana y en ese mismo año se abrió al público el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, el Zoológico del Distrito Federal se abrió al público en 1923 (Challenger, 1998: 206).
 
[9] De acuerdo con Ortiz Monasterio (1986) fueron 36 Parques Nacionales los que se crearon en ese mismo periodo en estos 17 estados, con una superficie aproximada de 800 mil hectáreas (Ortiz, 1986: 201-207).
[10] Por ejemplo la inversión en agroecología, esta ciencia reivindica la necesidad de unificar distintas ciencias naturales entre sí con las ciencias sociales, para comprender la interconexión entre procesos ecológicos, económicos y sociales; reivindica la vinculación esencial que existe entre el suelo, la planta, el animal y el hombre. El objetivo de la agroecología es estudiar en forma práctica los sistemas agrarios para el logro de una actividad productiva sostenible. Parte de la base de que la explotación agraria es en realidad un ecosistema particular, un agroecosistema, donde tienen lugar procesos ecológicos propios también de otras formaciones vegetales, como los ciclos de nutrientes, interacción entre predador y presa, competencia, comensalismo, entre otros. (González de Molina, 1993).
[11] el programa PROCAMPO, por ejemplo, concedía subsidios a la agricultura, que en distintas regiones forestales se tradujeron en la conversión de bosques y selvas para la agricultura de subsistencia. El desarrollo de una política de promoción de la producción forestal en regiones eminentemente forestales constantemente ha tenido deficiencias que se han traducido en “externalidades ambientales”. (Merino, 1997).
[12] Sobre este punto Alfred Siemens ha señalado: “Pararse frente a este proceso tan amplio y aparentemente inexorable, pugnar por el freno de la deforestación y aun por la reforestación, o por la protección de las especies en peligro de extinción, y tratar de diseñar usos más o menos sustentables, como lo proponen los conservacionistas y ecologistas y lo pretende la política gubernamental, hacer todo eso, es algo realmente heroico.” (Siemens,

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