Una mirada histórica a la política ambiental mexicana: logros y tareas pendientes
Historia
ambiental: participación social y
política ambiental.
La historia ambiental es la historia de
las mediaciones sociedad-naturaleza; es el seguimiento de cómo el ser humano se
ha vinculado con el ambiente; es una historia que extiende sus fronteras más
allá de las instituciones, economías, clases, sistemas, organizaciones
políticas, ritos culturales, adentrándose a la naturaleza, a los ecosistemas,
al medio ambiente, que es el sustento material de la producción y del contexto
en el que tiene lugar el desarrollo. (Ortiz, et al. 1986:13)
INTRODUCCIÓN
La línea histórica en la relación entre el hombre y
la naturaleza siempre han existido grupos sociales que han alterado los límites
tolerables y permisibles en el uso de los recursos de su ecosistema inmediato,
esto ha tenido consecuencias nefastas para su supervivencia a largo plazo. En
el tiempo en se pueden medir la historia de la tierra, el hombre ha tenido un
impacto poco significativo comparado con el momento actual, lo anterior no
resulta novedoso, lo que sí resulta relativamente nuevo es la magnitud y
rapidez con la que ocurren los procesos productivos y los rangos de utilización
de los recursos ambientales. A estos ritmos de desgaste del ambiente y
alteración del paisaje, a la naturaleza no se le esta permitiendo recuperar y
restaurar las capacidades de su entorno natural desde hace varias décadas.
La sistematización del
estado que guarda el medio ambiente en distintas etapas históricas es un asunto
relativamente novedoso, para el caso mexicano, existen muy pocos trabajos que
den cuenta de la importancia del conocimiento histórico sobre el medioambiente
en todas las regiones del país, si la historia de medioambiente mexicano es
escasa, la historia de la política ambiental en México es aún más escasa, por
lo que este tema se constituye como una tarea pendiente para los estudiosos e
interesados en la historia del medioambiente.
El
presente ensayo se inscribe en este sentido, con la aclaración de contribuir
sólo como una lectura de reflexión en el tema de la historia reciente de la
política ambiental mexicana.
LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA AMBIENTAL
Los hombres como una más de las miles de especies
en el planeta somos capaces de
explotarnos a nosotros mismos hasta casi extinguirnos ¿De qué seremos capaces
con la naturaleza? La magnitud del
deterioro del medioambiente por efectos antropológicos en la escala planetaria
no tiene antecedentes[1],
el impacto del hombre en el planeta se refleja en todos los componentes del
medio físico, tanto en la calidad del aire, el agua, el suelo, los bosques, la
flora y la fauna, todos y cada uno de estos componentes han sido alterados por
la acción humana en donde lo prístino solo es un mito[2],
en diferentes grados y bajo diferentes circunstancias, se han contaminado ríos,
esteros, lagos, lagunas, mares; se han extinguido especies de la flora y la
fauna; se han alterado ecosistemas, se han roto cadenas tróficas y se ha dañado
el material genético de animales y plantas con consecuencias inimaginables para
el hombre y para la propia relación hombre-naturaleza, quizá en esta relación en
el corto plazo ha ganado el hombre, pero en el largo plazo no existe esta
posibilidad, la historia nos enseña que la naturaleza no pierde, ésta sólo se
transforma parcial o radicalmente.
Varios casos ilustran esta
magnitud de deterioro, por ejemplo, antes de que la especie humana inventara la
agricultura, existían 6 000 millones de hectáreas de bosques en el planeta,
ahora solamente quedan 4 000 millones de hectáreas, de estos, sólo 1 500
millones son bosques primarios inalterados, la mitad de esta pérdida forestal
ocurrió en tan sólo cuatro décadas, entre 1950 y 1990 (Meadows, et al.,
1992: 89; Ander-Egg, 1995: 115). Esta situación hace que México tenga una de
las tasas de deforestación más alta de bosques y selvas del mundo, no existe un
indicador de tasa de deforestación homogéneo y los datos varían entre
instituciones ambientales e investigadores sobre el tema, por ejemplo, la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), reportaba para el año 2000, pérdidas
anuales de 370 000 hectáreas. Tan sólo en la década de los ochentas el país
sufrió una pérdida de bosques de aproximadamente 1 500 000 hectáreas debido principalmente a
los incendios forestales. Por su parte Leticia Merino ha señalado que en los
años ochenta, la tasa de deforestación osciló entre 320 y 670 mil ha/año para
bosques y selvas cerrados y alrededor de 50 ha/año para bosques abiertos
(Merino, 1996). Asimismo, el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de
Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), señala una tasa anual de
deforestación, entre 1990 y 1995, para México del 0.9 por ciento (PNUD, 1999:
205).
Del
mismo modo el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala
que una de cada ocho especies está en peligro de extinción, y que en dos
generaciones más no habrá energía generada por fotosíntesis disponible para la
vida silvestre, ya que los altos índices de deforestación anual en los países
con alta biodiversidad confirman esta tendencia (PNUMA, 2000).
En materia demográfica se sabe que la población
mundial es, aproximadamente, seis mil quinientos millones de personas[3], cada
tres años aumenta esta cifra el equivalente a la población actual de los
Estados Unidos (200 millones). Haciendo cuentas la población mundial se
incrementa 163 296 cada semana; 23 328 por día; 972 por hora; 162 personas por
minuto; 27 personas cada 10 segundos, con esta dinámica poblacional se espera
que para el año 2050, la población mundial rebase los 10 mil millones de
habitantes.
El overshoot[4] o
sobrepasamiento poblacional, representa dotar de servicios al doble de la
población mundial actual, cultivar el doble de alimentos, producir el doble de
combustibles, etcétera, con efectos adversos hacia el ambiente. Por su parte el
Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute), estima que un 11
por ciento de la superficie con cubierta vegetal de la tierra se ha degradado
desde la segunda guerra mundial (por la intervención humana) hasta el punto de
poner en peligro su productividad, esta superficie de cerca de 1 200 millones
de hectáreas, equivalente a la extensión de la India y China juntas (Ander-Egg,
1995:38). Cada año se degradan alrededor de 7 millones de hectáreas de suelo,
entre 1970 y 1990 la superficie de la tierra perdió 480 000 millones de
toneladas de capa vegetal superior, equivalente a lo que podría ser la
superficie cultivable de la India, lo anterior, entre otras cosas, causado por
los datos de deforestación antes señalados.
Según un informe de la FAO de 1993 sobre la situación
de la superficie cultivable de la tierra, la superficie de suelo fértil representaba
solamente el 11 por ciento, ya que un 28 por ciento del suelo era demasiado
seco para ser cultivado, un 23 por ciento presentaba contaminación química, un
22 por ciento era demasiado delgado, un 10 por ciento era demasiado húmedo y
finalmente un 6 por ciento estaba permanentemente congelado (Ander-Egg, 1995:
40).
Lo mismo ocurre con la cantidad y calidad del agua
potable disponible en el mundo, así como su acceso y dificultad para
distribuirla, su demanda aumenta mientras que la disponibilidad y acceso a la
misma disminuye. Si cruzamos estos datos con los datos de ingresos de la
población, las conclusiones son más que preocupantes ya que solamente un 10% de
la población mundial concentra la riqueza del 80 % de la económica del mundo y
según informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2003)
más de una cuarta parte de los 4 500 millones de personas que viven en
condiciones críticas de pobreza, es decir, casi 1 300 personas que viven con
menos de un dólar diario, no tienen
acceso a agua limpia, uno de cada siete niños en edad de asistir a la escuela
primaria no tiene recursos para ello, se estima en 850 millones de personas en
estado de desnutrición y 1 500 millones de personas carecen de vivienda propia,
el número absoluto de pobres en América Latina es hoy más alto que nunca, 224
millones, un hecho que esta en contradicción con los objetivos de la justicia
social y la sostenibilidad ambiental de las actividades económicas, dos de los componentes
básicos de la concepción del desarrollo sostenible (PNUD, 1999: 28).
Para
ampliar las zonas de cultivo a gran escala, se han reducido bosques y selvas,
lo que ha implicado una irreparable pérdida de la biodiversidad que afecta
asentamientos y poblaciones humanas locales. Con sólo seis compañías
agroquímicas que controlan la producción mundial de alimentos: Monsato,
Novartis, AgroEvo, Dupont, Zeneca y Dow, (Monroy: 2001) se monopoliza el
mercado agrícola en detrimento de los campesinos de pequeña escala, además se manipula y modifica genéticamente
la mayoría de las semillas mundiales con el fin de hacerlas más resistentes a
los efectos climáticos y biológicos. Estas nuevas clases de semillas deterioran
la capacidad de selección natural perdiéndose material genético para siempre[5].
Las empresas que manipulan genéticamente las semillas exigen su patente, monopolizando
no sólo su comercialización, sino también la posibilidad de adquisición por
parte de pequeños agricultores (Monroy: 2001).
En general, sólo un 10% de la energía
disponible pasa de un eslabón a otro de la red trófica[6].
Aunque muchos pueblos del mundo conceden más importancia al consumo de plantas
y productos derivados de ellas en sus dietas, las preferencias alimentarías de
los países desarrollados han llevado a un elevado consumo per cápita de
productos de origen animal, buena parte de los cuales proceden de ganado
alimentado con grano, por ejemplo, el incremento en la demanda del consumo de
carne representa producir dos kilos de cereal por cada pollo, tres kilos por
cada cerdo y ocho kilos más de cereales por una cabeza de ganado[7],
en este sentido es mucho más eficiente, en términos ecológicos que los seres
humanos consuman las plantas directamente, en vez de alimentarse con los
animales herbívoros que se las comen.
Finalmente sabemos que vivimos en un mundo finito, los
niveles de producción son finitos, los recursos energéticos que utilizamos son
finitos y los recursos biológicos son finitos, todos ellos están en franco
declive, no solamente por la demanda mundial de recursos, sino particularmente
por el propio proceso de desarrollo capitalista como motor de la sociedad
postindustrial.
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS DE POLÍTICA AMBIENTAL EN MÉXICO
Rastrear
los antecedentes de la política ambiental en México significa rastrear eventos
de impacto ambiental que implicaran una acción correctiva por parte del Estado,
sin embargo estos eventos no necesariamente corresponden a una continuidad de
política ambiental en las diferentes fases de las historia de México. Es sólo hasta
la consolidación de las instituciones posrevolucionarias que se puede hablar de
una política ambiental propiamente dicha, aunque existan casos aislados y
algunos antecedentes importantes de consideración, por ejemplo los señalados
por Andrés Molina Enríquez en su texto de 1909, Los grandes problemas nacionales, quien ya desde inicios del siglo
pasado denunciaba la crisis del agro y la imposibilidad de ser un país
autosuficiente si no éramos capaces de consolidar el sistema alimenticio
nacional, el trabajo de este autor sintetiza una serie de problemas sociales y
ambientales que deberían ser transformados en acciones políticas por parte de
lo que más adelante sería el naciente Estado Mexicano, por ejemplo, garantizar la
autosuficiencia alimentaría, para lo cual era necesario reformar el sistema
agrario en función de caracterizar las regiones del país para la distribución
de tierra, ejercer mecanismos para garantizar la dotación de agua en función de
la distribución poblacional y de las necesidades regiones, así como tener una política clara en materia
poblacional (Molina, 1999: 102-147).
Los primeros signos de intervención del Estado en
política ambiental tienen características proteccionistas, tal es el caso de la
conformación de Áreas Naturales Protegidas del país, política que se remonta a
1867 bajo la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, quien expropia el
Desierto de Los Leones, en función sobre todo de la importancia de sus
manantiales (Instituto Nacional de Ecología, INE, 1995). Posteriormente el
Desierto del los Leones fue declarado como el Primer Parque Nacional en 1901 y
ratificado en 1917 por decreto presidencial por Venustiano Carranza (Ortiz,
1986: 235).
En estos años
se destaca la actuación del Ing. Miguel Ángel de Quevedo quien, en su calidad
de Presidente de la Junta Central de Bosques[8],
promovió la primera Ley Forestal de México en 1909, dicha ley sólo se pudo
aplicar en el Distrito Federal, pues la constitución de 1857 no autorizaba al
Gobierno Federal a intervenir en esa materia en los estados. Miguel Ángel de
Quevedo continuó impulsando la preservación de los bosques durante el régimen
maderista y posteriormente solicitó una ley federal para la protección de los
recursos forestales al Congreso Constituyente de 1917, que se haría realidad
hasta 1926 y que más tarde, ya en el gobierno del General Lázaro Cárdenas,
entre 1935 y 1939, se auspició la creación de 39 Parques Nacionales con una
extensión aproximada de 650 mil ha. de bosque de pino y encino en la zona
templada subhúmeda, distribuidos en 17 estados del centro del país[9]
(Challenger, 1998: 212).
Los Parques Nacionales quedaron bajo la jurisdicción
de dos instituciones diferentes, por un lado la Secretaría de Asentamientos
Humanos y Obras Públicas; en 1978 establece que éstos se destinarían para
mejorar las condiciones de vida y bienestar de los asentamientos humanos además
de cumplir sus funciones propias de recreación; por otro lado en la Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), quien administrará los Parques
Nacionales con funciones de conservación de ecosistemas y de protección de
cuencas hidrológicas, institución que separa los elementos de conservación, recreación
y utilización de los parques. Esta situación generó confusión sobre el uso
mismo del recurso, confusión que dio origen a una ubicación administrativa
errante, confusa y de bajo nivel jerárquico, en donde se evitaron compromisos
institucionales claros y de largo plazo, por lo tanto queda diluida la
responsabilidad de su financiamiento para su recuperación y manejo apropiado
(INE, 1995).
A partir de entonces la historia de los Parques
Nacionales estuvo llena de contrasentidos, indecisiones, errores, carencia de
recursos económicos y escasa cultura popular para la conservación, sin
mencionar los problemas generados por el traslape de tenencia de la tierra
tanto de comunidades y ejidatarios, ya que la mayoría de los casos los recursos
de expropiación no se ejecutaron debidamente y no existió el pago de la
indemnización correspondiente (Huacuz, 2005: 35).
Actualmente los Parques Nacionales se inscriben dentro
de la categoría de Áreas Naturales Protegidas, cubren el 7 por ciento del
territorio nacional con una extensión aproximada de 700 mil hectáreas y su estado
de deterioro avanza, en su mayoría, por una serie de actividades relacionadas
con tala clandestina, ganadería extensiva, cambio de uso de suelo, senderismo y
erosión, manejo inadecuado o ausencia manejo del bosque, entre otros tantos
problemas interrelacionados (INE, 1995).
LA CONSOLIDACIÓN DE
LA POLÍTICA AMBIENTAL EN MÉXICO
Bajo
el panorama previamente descrito, es que se conforma la política ambiental en
México. Su administración en los primeros años formó parte de un problema de
salud pública, bajo el esquema institucional promovido en la Ley Federal para
Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental de 1971, dicha ley dará paso a
la creación de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente un año después en
1972, esta subsecretaría bajo la dirección de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia. El Estado mexicano intenta responder así a la demanda social, que
en estos años y con resultado del movimiento ecologista internacional, enfatizaban
los efectos de la contaminación en la salud humana (Lezama, 1997; CECADESU;
2005).
A pesar de que el medioambiente sufrió un proceso de
deterioro severo desde los inicios de la etapa industrializadora en los años
cuarenta (Lezama, 1997), es a partir de
una serie de problemas derivados de la expansión ganadera; la deforestación
masiva de selvas tropicales en el sureste y los impactos de la industria
petrolera; así como el descontento creciente de un gran número de grupos
sociales, que creció la preocupación en torno a las demandas del movimiento
ambientalista. Por iniciativa del Estado y como resultado de la Cumbre de
Estocolmo, a principios de la década de los ochenta se crea la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), con ella, la Subsecretaría de Ecología
(1982). En 1983 se incluye por primera vez un capítulo de Ecología en el Plan
Nacional de Desarrollo (1983-1988) y se modifica el marco jurídico a favor de
darla mayor atención al ambiente, al promulgarse la Ley Federal de Protección
al Ambiente (Azuela, Carabias y Provencio, 1993).
En 1984 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
(SEDUE) formuló el primer Plan Nacional de Ecología (1984-1988) a partir de un esfuerzo
por elaborar un diagnóstico de la situación ambiental, este plan proponía
medidas correctivas y preventivas, particularmente las referidas a la
contaminación atmosférica y del agua, inquietudes que se materializaron en diversas
Direcciones Generales dentro de la Subsecretaría de Ecología.
La SEDUE obtuvo escasos avances en la década de los
ochenta, particularmente en materia de control de la contaminación, no obstante
aumentó la superficie decretada bajo régimen de protección y se amplió el marco
normativo que incluyó a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente (LGEEPA) en 1988.
La crisis económica y social de estos años se reflejó
en lentos resultados en materia de control de la contaminación. La política
ambiental del país continuó bajo su propuesta sectorial y mantuvo escasa
prioridad en los órdenes federal, estatal y municipal (expresión claramente
identificable por la asignación de presupuestos). El reconocimiento
internacional de la pobreza como un proceso interrelacionado con la degradación
ambiental expandió la sensibilización pública alrededor del tema, para 1992 la
política ambiental se fusiona con la política social con la creación de la
Secretaría de Desarrollo Social, que intentó un marco institucional más
articulado entre las política social y ambiental (Sedesol/INE, 1994; PNUMA,
2000).
En los inicios de los años ochenta se da la primera
manifestación en contra del deterioro ambiental de la ciudad de México, en este
mismo periodo se fundan los primeros grupos ecologistas que más tarde jugaran
un papel central en la negociación por descentralizar la industria de la
capital y modificar las relaciones de poder en materia ambiental del país, a
raíz de diversos accidentes industriales y eventos naturales como el explosión
en San Juan Ixhuatepec y el terremoto de 1985 (Lezama, 1997; Natal, 2002;
CEPAL, 2000).
El impacto producido por el
terremoto de 1985 en la Ciudad de México y en algunos estados del centro del
país, generaron un amplio movimiento social que se tradujo en un incremento de
presión hacia la democratización de las instituciones del Estado. En especial
las organizaciones no gubernamentales (ONGs) hicieron hincapié en resolver los
problemas urbanos emergentes como el de vivienda, transporte público y
reducción de la contaminación del aire. En esta década se consolidan
organizaciones ambientales y grupos ecologistas como el Grupo de los 100, El
Movimiento Ecologista Mexicano, PRONATURA y la Unión de Ecologistas de Coyoacán
(véase anexo 1, sobre la cronología de cien años en la política ambiental de
México). En
estos años se abandona definitivamente la política nacional de autosuficiencia
alimenticia que había perdurado hasta los años 70, y comienza el proceso de
ajuste económico con forme a las nuevas exigencias de reformas estructurales de
la economía global, claro no se trataba de un problema de producción sino de
distribución.
Para 1999 el Estado mexicano se había
retirado de sus antiguas funciones de apoyo a la producción y regulación de
precios de granos básicos, además de existir el famoso dumping por parte del
sector agrícola norteamericano fuertemente subvencionado, por lo que la demanda
interna es desborda y en país inicia su política de importación de granos que
daña aún más el campo mexicano ampliando la espiral inflacionaria de la
población campesina y con ello se reduce aun más el consumo calórico de las
familias campesinas quienes para estos años no logran obtener las 2 200
calorías mínimas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (Dumont,
1991; Marielle: 2001). El problema del agro mexicano, es el primer eslabón de
la cadena de eventos desafortunados que inciden en la pobreza del México rural,
ya que cuando se desincentiva la economía agraria y se deja de invertir en el
campo bajo nuevos enfoques[10],
se inicia un proceso masivo de migración hacia los centros urbanos nacionales e
internacionales, situación que fue ampliamente documentada por diversos autores
(Stavenhagen, 1967; Warman, 1976; Dumont, 1986) actualmente cerca de tres
millones de familias, entre mujeres indígenas y campesinas, mantienen un estilo
de vida subsidiado por los programas gubernamentales, como PROCAMPO[11],
PROGRESA y SOLIDARIDAD.
Las recurrentes crisis
económicas de finales de los años ochenta y principios de los noventa, así como
la duda razonable sobre la legitimidad del proceso electoral de 1988, traen a
la escena pública un sin número de organizaciones como las ambientalistas, que
en su mayoría se dispersan en la acción partidista al crearse el Partido de La
Revolución Democrática (PRD) en 1990, este partido político asume la necesidad
de autonomía de las organizaciones sociales frente al corporativismo mostrado
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y señala que estas
organizaciones deben ser impulsadas de tal suerte que su impulso permita
definir las prioridades de las obras del gobierno, así como su ejecución y
supervisión, haciendo eco en los planteamientos que promovían los grupos
ambientalistas de la época (Quadri, 1994).
Para mediados de la década de los años noventa existían
ya la unión de grupos ambientalistas, Greenpeace México y el Centro Mexicano de
Derecho Ambiental, así como una gran cantidad de organizaciones sociales que se
ubicaron el centro del país, bajo un contexto de gran variedad de expresiones
de preocupación ambiental en un cambiante contexto a través del tiempo
(Ramírez, 1998).
En 1992 se crea la Comisión Metropolitana para la
Prevención y control de la Contaminación Atmosférica en el Valle de México
(ahora Comisión Ambiental Metropolitana). En 1996 se dan las reformas a la Ley
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente o LEGEEPA. Posteriormente
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 dedica un apartado de política
ambiental para un desarrollo sustentable, en donde se describe sintéticamente
las principales líneas de política institucional que corresponderá ejecutar a
la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP).
Finalmente el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 hace lo propio con la
actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Este breve esbozo histórico
sintetiza parte de los eventos trasendentales que ha tenido la política
ambiental mexicana en último siglo, se hace énfasis en los últimos 35 años, ya
que el punto de inflexión en materia ambiental a escala internacional surge con
el movimiento ecologista de los años setentas el cual pone en alerta al Estado
mexicano quien reacciona en consecuencia abriendo espacios e
institucionalizando formalmente el tema ambiental bajo el esquema aquí mostrado.
Los últimos 35 años de política ambiental dejan un panorama confuso, si bien se
han dado pasos importantes en materia legal para la protección ambiental,
existen dudas razonables sobre la viabilidad del desarrollo desde los
principios de la “sustentabilidad”.
Para concluir este breve recuento histórico se indican
algunos de los retos que podrían dar viabilidad a la política ambiental
mexicana, bajo la premisa de modificar las relaciones establecidas entre la
sociedad y la naturaleza en función de introducir en el análisis la
retrospectiva histórica.
RETOS Y TAREAS PENDIENTES, HACIA UN ESTADO ECOLÓGICO.
Frenar
el deterioro ambiental no sólo con miras a la preservación de especies
amenazadas con la extinción sino también garantizar el consumo responsable de
los recursos naturales parece ser una tarea titánica[12] ya
que a los grandes problemas ambientales del pasado como los referentes a la
distribución y dotación de agua, los relacionados al agro mexicano, los
conservación y manejo de bosques, los de extinción de la biodiversidad, ente
otros, se la han sumando grandes problemas actuales como los de concentración
de población urbana, calidad del aire, generación de desechos sólidos,
bioseguridad, calentamiento global, etcétera. De lo aprendido de nuestro pasado
poco queda cuando se traduce en política ambiental, los trabajos científicos
sobre el tema enfrentan serias dificultades por lo limitado de los recursos
económicos y escaso apoyo institucional. Las diversas experiencias nacionales e
internacionales exitosas deberían ser rescatar con la promoción de sinergia
entre el sector académico, el sector gubernamental y las organizaciones de la
sociedad civil introduciendo la variable temporal o histórica en esta sinergia.
Resaltan dos cuestiones ambientales importantes, la
primera consiste en hallar soluciones a los problemas del medioambiente urbano
–aproximadamente un 70 por ciento la población nacional se concentra en zonas
urbanas del país-, en estas grandes metrópolis la calidad del aire amenaza la salud
humana y la escasez de agua amenaza su supervivencia. La segunda cuestión es el
agotamiento y la destrucción de la naturaleza que continua siendo vista como
“recurso” natural puesto al servicio del hombre para su apropiación y
circulación en la esfera económica. Por otra parte las mejores reservas de
tierra agrícola se destruyen por efectos de urbanización o degradación
ambiental, los programas y las actividades en materia de desarrollo económico
dirigido a combatir la pobreza siguen estando desvinculados de las políticas
ambientales, debido a la deficiente coordinación interinstitucional y a la
falta de recursos humanos en el tema que le darían a la administración pública
un panorama más amplio de actuación.
A pesar de lo
expuesto, un aspecto alentador lo constituye la tendencia hacia la colaboración
regional, particularmente respecto de cuestiones de carácter transnacional, los
tratados internacionales en temas de comercio internacional han obligado al
país a democratizar sus instituciones y a corregir sus deficiencias ambientales
debido a los estándares impuestos de calidad y eficiencia, el discurso de la
competitividad que se ha impuesto como política económica en el país depende en
gran medida de su viabilidad ecológica, el turismo como actividad central
terciaria depende de la calidad del paisaje ambiental, el desarrollo de los
pueblos indígenas y de la mayoría de las pequeñas localidades del país depende
de preservación y correcto manejo de sus recursos naturales, en síntesis la
propia estabilidad y desarrollo nacional dependen del medioambiente, por lo que
el gran reto de la política nacional será modificar toda la estructura
sectorial haciéndola girar en función del medioambiente, el gran reto social
será transitar de un Estado neoliberal moderno hacia un Estado Ecológico o de
modernidad reflexiva (Eckersley, 2004).
La
historia ambiental no debería ser tomada en la política ambiental mexicana como
letra muerta, al contrario, debería de ser un punto de partida cuando ser trata
de mediar las relaciones entre distintos sectores de la sociedad y la naturaleza,
en decir, se debería promulgar por una
historia ambiental activa, sin embargo, dentro de los lineamientos estratégicos
seguidos por el marco institucional de la política ambiental nacional, en
ningún apartado se hace referencia a lo aquí señalado, por lo esto se
constituye como una asignatura pendiente.
[1]
Aunque por ejemplo existen registros de que durante el Holoceno superior y
medio, es decir, entre hace 10 000 y 5 000 años, se multiplican los yacimientos
prehistóricos con presencia de bandas de cazadores que persiguen a cérvidos, a
auquénidos y al caballo americano (Parahipparion
peruanus). La presión de la caza guarda relación con la desaparición, entre
20 000 y 8 000 años, de parte de la gran fauna de la que formaban parte los Parahipparion, los mastodontes y los
perezosos gigantes (Dullfus, 1995: 35).
[2] Al
respecto puede consultarse el trabajo de Denevan, sobre el mito de lo prístino
en: El paisaje de las Américas en 1492
(Denevan, 1992).
[3] Véase al respecto el
reportaje especial sobre población publicado en la revista National
Geographic, Vol. 3, N°. 4, Octubre de 1998
[4] Overshoot o sobrecarga es un
concepto que implica sobre-explotar recursos sin permitir que éstos se
recuperen de forma natural. Véase: Donella H.Meadows,
et al., Más allá de los límites del crecimiento, El País,
Barcelona, 1992.
[5] Sobre
la importancia no solamente genética sino también cultural del maíz, uno una de
las tres principales cereales producidos en el mundo, destaca el trabajo de
Teresa Rojas (Rojas, 1991) quien al respecto señala: “Sí todas las plantas
domésticas dependen del hombre para su propagación, el maíz depende más que
ninguna: no puede reproducirse sin la intervención humana, pues sus granos
están fuertemente unidos al olote y la mazorca tan perfectamente envuelta que
los granos no pueden dispersarse solos e iniciar el ciclo vital, existen 48
razas diferenciadas hasta ahora y su tamaño paso de entre dos y tres
centímetros hasta los 32 centímetros aproximados de hoy día 7 000 años después,
este cereal desempeñó un papel central en la región y en la vida ritual. Planta
divina, don de los dioses, sus periodos de reproducción marcaban el tiempo
humano, regular y cíclicamente tanto en sus rituales y su calendario” (Rojas,
1991: 23).
[6] Se
entiende por cadena alimenticia o trófica cada una de las relaciones
alimenticias que se establecen de forma lineal entre organismos que pertenecen
a distintos niveles tróficos. La red trófica está dividida en dos grandes
categorías: la red de pastoreo, que se inicia con las plantas verdes, algas o
plancton que realiza la fotosíntesis, y la red de detritos que comienza con los
detritos orgánicos Véase: Enciclopedia Encarta 2005.
[7] Véase sobre este tema la
revista: National Geographic op. Cit.
[8] Anthony
Challenger señala que en 1922 se fundó la Sociedad Forestal Mexicana y en ese
mismo año se abrió al público el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, el
Zoológico del Distrito Federal se abrió al público en 1923 (Challenger, 1998:
206).
[9] De acuerdo con Ortiz
Monasterio (1986) fueron 36 Parques Nacionales los que se crearon en ese mismo
periodo en estos 17 estados, con una superficie aproximada de 800 mil hectáreas
(Ortiz, 1986: 201-207).
[10] Por
ejemplo la inversión en agroecología, esta ciencia reivindica la necesidad de
unificar distintas ciencias naturales entre sí con las ciencias sociales, para
comprender la interconexión entre procesos ecológicos, económicos y sociales;
reivindica la vinculación esencial que existe entre el suelo, la planta, el
animal y el hombre. El objetivo de la agroecología es estudiar en forma
práctica los sistemas agrarios para el logro de una actividad productiva
sostenible. Parte de la base de que la explotación agraria es en realidad un
ecosistema particular, un agroecosistema, donde tienen lugar procesos
ecológicos propios también de otras formaciones vegetales, como los ciclos de
nutrientes, interacción entre predador y presa, competencia, comensalismo,
entre otros. (González de Molina, 1993).
[11] el
programa PROCAMPO, por ejemplo, concedía subsidios a la agricultura, que en
distintas regiones forestales se tradujeron en la conversión de bosques y
selvas para la agricultura de subsistencia. El desarrollo de una política de
promoción de la producción forestal en regiones eminentemente forestales constantemente
ha tenido deficiencias que se han traducido en “externalidades ambientales”.
(Merino, 1997).
[12]
Sobre este punto Alfred Siemens ha señalado: “Pararse frente a este proceso tan
amplio y aparentemente inexorable, pugnar por el freno de la deforestación y
aun por la reforestación, o por la protección de las especies en peligro de
extinción, y tratar de diseñar usos más o menos sustentables, como lo proponen
los conservacionistas y ecologistas y lo pretende la política gubernamental,
hacer todo eso, es algo realmente heroico.” (Siemens,
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