Sociedad en Movimiento: Movimientos sociales, participación ciudadana y política ambiental
Tema:
Sociedad
en Movimiento: Movimientos sociales,
participación ciudadana y política ambiental.
Abandonado a
sí mismo, el hombre pronto queda aplastado por las dificultades de todas clases
que ha de superar, por el contrario, si se somete a demasiadas coerciones
colectivas, resulta ahogada su personalidad. El derecho individual y el derecho
colectivo deben, pues, sostenerse y reforzarse mutuamente y poner en común todo
lo que llevan en sí de infinitamente constructivo. El derecho individual no
guarda relación alguna con el vulgar interés privado. Éste que sacia a una
minoría mientras condena al resto de la masa social a una vida mediocre, merece
severas restricciones. Debe estar subordinado siempre al interés colectivo, de
modo que cada individuo tenga acceso a esos goces fundamentales que son el
bienestar del hogar y la belleza de la ciudad. (Carta
de Atenas, art. 95) (Le Corbusier, 1993:140).
INTRODUCCIÓN
Conceptos como:
lucha de clases, movimiento social, actor social y acción colectiva; han sido utilizados
en distintas etapas históricas para hacer referencia a un fenómeno de cambio o
transformación dentro de un aparente status
quo sociocultural o económico, Los verbos: lucha, movimiento, actor y
acción, denotan una condición dinámica que ha sido interpretada en función de
modificar una condición adversa de la realidad. Sus respectivos adjetivos:
clase, social y colectivo, ayudan a catalogar a este amplio sector de la
población en distintas condiciones pero con referentes similares según cada
autor, por ejemplo: demandas de mejor ingreso, cultura, religión o afinidad
política. Con el propósito de clarificar el significado de esta lista de
términos se desarrollará una breve descripción conceptual para cada uno de
ellos, además se presenta un esquema clasificatorio que los agrupa en función
de sus diferentes interpretaciones.
Una constante en el desarrollo y conformación de los Estados nacionales
en el mundo han sido las movilizaciones sociales, estas generalmente se
manifiestan para promover a su favor mejores
condiciones de vida o de reaccionar en contra de escenarios de exclusión
(étnica, cultural, económica), se producen por una reivindicación de derechos o
por la apropiación del espacio; la búsqueda y pertenencia de lugar o por
dotación de infraestructura y mejoras a los deficientes servicios otorgados por
el Estado. A lo largo del documento se presentan algunos esquemas
conceptuales para sistematizar la información y poder tener un panorama general
del tema que es desarrollado dentro de la sociología ambiental. El objetivo general será definir las características de
estas “movilizaciones”, en función de describir cómo diferentes autores han
interpretado y conceptualizado estos eventos sociales a través de diferentes
etapas históricas y en diferentes escenarios, particularmente se analizará el
sector de la política ambiental, por considerarlo como uno de los sectores
más propicios para la movilización social, tanto por la defensa de ecosistemas
amenazados en su flora y fauna; como por el rechazo a la intervención o
modificación de éstos; por la aversión al riesgo o por el rechazo de políticas
públicas en la materia.
1. SOCIEDAD EN MOVIMIENTO
Se podría plantear
que los movimientos sociales se transforman de un referente amorfo y acéfalo a
un referente organizado que ha aprendido sobre las mejores tácticas de gestión
de sus demandas en un escenario en donde el aparato estatal ha comprendido el
poder que ejercen éstas movilizaciones, las cuales incluso pueden llegar a
trasformar la estructura del propio Estado nacional (Touraine, 1987; Tarrow,
1997), por ejemplo removiendo funcionarios públicos o modificando la política
pública. Ahora en los “Estados Democráticos” se enfatiza en la necesidad de
integrar de alguna forma estas demandas desarticulando la los movimientos
sociales reactivos[1] y otorgando y consolidando
garantías desde la individualidad, por ejemplo con la consolidación del
concepto de ciudadanía[2] (T.
H. Marshall y Bottomore, 1992:20-23) este concepto reconoce individualmente los
derechos y obligaciones de los ciudadanos y les otorga la facultad de incidir
dentro de las competencias públicas gubernamentales como la libre organización
para corroborar con el Estado.
Una primera
categoría general para diferenciar estos conceptos es el referente espacio
temporal. El inicio del siglo XXI
nos muestra, en la sociedad actual, dos características principales, por
un lado el advenimiento de una revolución en la tecnología (electrónica e
informática) cada vez más consolidada que transforma las actividades económicas
y afecta las estructuras sociales globales, por otro lado, una dinámica
demográfica que tiende a la concentración en espacios urbanos metropolitanos
(Satterthwaite, 1998; Borja y Castells,
2002). Esta concentración poblacional es uno de los componentes primarios de diferenciación
ya que dentro de estos espacios la sociedad urbana se encuentra altamente estratificada
y esta estratificación social, acentúa las desigualdades y la falta de atención
por parte del gobierno hacia sus ciudadanos quienes tienden a movilizarse
manifestando su descontento en forma de movimientos sociales[3] (por ejemplo movimientos sociales urbanos),
Este tipo de movilización tiene diferentes connotaciones dependiendo del tipo
de reivindicación al que se adscriba el movimiento, por ejemplo: los
movimientos de los sin tierra o los movimientos ambientales.
Contexto histórico
Un ejemplo histórico recurrente en autores interesados sobre el tema (Hobsbawm,
1974; Tarrow, 1997) es el que describe las revueltas sociales durante el final
del periodo feudal europeo en forma de glebas,
turbas
o motines, que irrumpían en el
espacio público en función de manifestar un descontento social ocurrido por
diferentes causas, por ejemplo el aumento de los precios de los alimentos, o el
cobro o aumento de los impuestos, la muerte injusta de algún miembro de la
comunidad o alguna ley que consideraban injusta o que pudiera trasformar sus
costumbres, la manifestación se producía y desarrollaba (Tarrow, 1997: 74-79) construyendo
barricadas y tomando las calles de la ciudad para enfrentar al aparato policial
o militar del Estado. Autores como Marx, Lenin o Gramsci conceptualizaron estos movimientos como lucha de clases[4], categoría de
análisis útil para describir un proceso ocurrido con el advenimiento de la
revolución industrial que enfrentó obreros o
lumpen proletariados contra burgueses o dueños de los medios de producción
(Tarrow, 1997:35) el concepto de lucha de clases entro en desuso al avanzar los
trabajos sociales y surgir nuevas categorías analíticas para describir con más
detalle estas movilizaciones.
Se
reconoce que muchos de los cambios en la estructura urbana de varias ciudades
del mundo tienen como referente directo un movimiento social (tanto en el mundo
antiguo como en el mundo moderno), estos cambios son resultado del
debilitamiento en las creencias en que estaba fundado su régimen político y
social, es decir, cuando la mayoría está en desacuerdo se debilitan las
antiguas creencias con dicho régimen y surgen ideas modernas que buscan
progreso social. Estos cambios religiosos, políticos o sociales tienen su
referente espacial trasformando la ciudad. También se dan cambios espaciales
para mejorar las condiciones de vida de los pobres de la ciudad o se plantea
una reestructuración espacial como resultado de la serie de revueltas sociales
que sacudieron Europa entre los siglos XVII, XVIII, por
ejemplo con la necesidad de ampliar la traza urbana de algunas ciudades
europeas para evitar la insurrección y el amotinamiento a través de las barricadas
(Tarrow, 1997:87; Hobsbawm, 1974).
Estas primeras formas de movilización podrían ser vistas en sentido positivo
o negativo, según el lado o el cristal con que se mire, ya que con el
reconocimiento del poder que estas podrían ejercer trasformaron los Estados en
función de ampliar las garantías sociales para un beneficio colectivo. En estos
contextos urbanos desfavorables los movimientos sociales fueron mecanismos
emergentes con ámbitos de influencia local, nacional o internacional, para
denominar esta condición de movilidad en un rango más amplio, se introdujo el
concepto de acción colectiva[5], utilizado también
para definir diferentes formas de movilizaciones sociales (Touraine, 1987;
Melucci, 1999). Finalmente para el análisis de estos grupos y sus
movilizaciones, fue necesario identificar tanto sus demandas (estructura de
oportunidad) como las características de los grupos sociales presentes en
función de su formación (organizaciones informales, o formales), permanencia
(de corto, mediano o largo plazo) y sus propósitos (movimiento propositivo y
movimiento reactivo o pesimista).
Como se ha visto, el análisis de estos conceptos nos permite entender su
evolución como resultado de cambios, desarrollo y maduración de diversas
disciplinas, así como cambios en el pensamiento teórico ligando la relación que
existe con la insatisfacción del desempeño del sector público en su esfera de
competencia. Por ejemplo, en los mecanismos convencionales de política
ambiental se necesita de una “nueva estrategia” de gestión, en donde la
inclusión de la opinión pública puede consolidar y legitimar las acciones del
poder en turno como agente garante de la salvaguarda del ambiente; sin embargo,
en el discurso público se utiliza indistintamente términos como: participación,
sociedad civil, participación ciudadana, acción colectiva, entre otros; como si
estos fueran sinónimos de una misma cosa. Como se ha visto, profundizar en el
análisis de ellos, nos puede ayudan a entender su evolución y características
en función de ser herramientas útiles para el análisis de la sociedad y el
Estado, ambas categorías inseparables para el análisis.
Esquemas interpretativos para el análisis de
la movilidad
Algunos autores señalan que existen tres esferas en las que se puede
dividir la sociedad: i) el sector
público, que es cualquiera de los ámbitos del gobierno; ii) el sector privado que incluye a los empresarios y a los
inversionistas y; iii) el tercer
sector que incorpora a los residentes, usuarios, organizaciones sociales,
organizaciones no gubernamentales (NGOs), entre
otras que ofrecen sus servicios sin fines de lucro (Mochi, 2001; Natal, 2001; Fox, 2005) (véase figura
1). Simplificar a esta
propuesta de tres esferas sociales, adquiere relevancia para esquematizar las
características presentes dentro la movilización social, ya que esta movilización
se desarrolla en función de su
acercamiento con cada una de las otras dos esferas, tanto del ámbito gubernamental
o del ámbito privado (profit), por
ejemplo, dentro de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) llamadas
también Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de quienes se puede decir que
tienen una autonomía relativa respecto a la administración pública y el sector
privado, es decir, pueden estar comprometidas con la dependencia de recursos más
allá de los instrumentos normativos que para su funcionamiento señala la ley[6]
(Natal, 2001), esta dependencia de recursos impactará su eficiencia ya que
dependiendo de donde provengan estos recursos y la cantidad que obtengan puede
impactar su libertad de acción comprometiendo su legitimidad. Del mismo modo la
consolidación o su carencia de este sector, dentro de la esfera gubernamental,
determina la eficacia y legitimidad del Estado.
Fuente: Construcción propia
con datos de Ayala 1999; Fox, 2005; Natal, 2001.
|
Eficiencia
|
Eficacia
|
Legitimidad
|
Sector Público
|
Sector Privado
|
Tercer Sector
|
Participación
|
Ciudadana
|
Figura
1
|
Modelo general de la movilidad
social
|
Legitimidad
|
Participación
|
Ciudadana
|
Legitimidad
|
Legitimidad
|
Participación
|
Ciudadana
|
Movilidad
social
|
La figura 1. Modelo general de movilización social, esquematiza una forma en que
se puede representar la movilidad social dentro de la esfera del tercer sector,
la representación “ideal” implica mostrar esta movilidad social al centro del
esquema, sin embargo, esta se desplaza hacia cada una de las otras dos esferas
dependiendo de sus propios intereses y del contexto de política estatal
existente.
Las
características particulares dentro del tercer sector pueden ser representadas
como muestra la figura 2. Características
de la movilidad. Lo cual implica, por un lado, un Estado de derecho sólido
que reconoce y garantiza derechos civiles, políticos y sociales por medio de la
Ciudadanía (grupo “Z” de la figura 2), dentro de estos derechos se incentiva la
sinergia de grupos organizados que colaboran con el Estado (grupo “Y”), en el
grupo “Z” existen individuos indiferentes con respecto a la política pública y
su contorno social (tipo free rider) que
podrían tender a la categoría del tipo “X”, es decir, reaccionar de forma
violenta y desorganizada respecto a la aplicación de alguna política pública. O
podría existir el escenario en donde “Z” tiende a “Y”.
Figura 2.
Características de la movilidad
Inequidad
Carencia de información
Debilidad en el Estado de
derecho
|
Hace valer sus derechos
por medio de la ciudadanía
|
Colectivo
|
Individual
|
Grupo X
No organizado
Reactivo
|
Grupo Y
Organizado
Participativo
|
Grupo Z
Ciudadano
|
Activo
Tendencia
al grupo “Y”
|
Pasivo
Individualista
Tendencia a “X”
|
Movilidad
Social
|
Estado de Derecho
|
MOVILIDAD
SOCIAL EN POLÍTICA AMBIENTAL
Con el
reconocimiento del individuo moderno pleno de derechos cívicos, la demanda de
una transformación urbana por medio de movilizaciones sociales parecería menos
frecuente, conciliar el interés colectivo con el interés privado en el sistema
económico capitalista actual parece ser un serio problema, tanto por la escasez
de recursos y falta de voluntad política. Sin embargo existen algunos ejemplos
latinoamericanos de creación y transformación de ciudades en donde se reconoce
el interés colectivo de redistribución de beneficios por sobre el Interés privado
de maximización de ganancia, por ejemplo, la planeación de Brasilia, el
presupuesto participativo de Porto Alegre, o la sustentabilidad ecológica de
Curitiba (Jean Herbert, 1998; Holston, 1989; Scott, 1998). Tales ejemplos han
formado parte de las propuestas planteadas desde las agendas internacionales en
las cumbres mundiales como “ciudades modelo”, en donde se ha pretendido dar
soluciones técnicas en distintos periodos marcados por la concentración
poblacional, la pobreza, y el deterioro ambiental.
La dinámica demográfica (que tiende a la
concentración) es uno de los componentes primarios de contaminación en términos
de impacto ambiental, tal es el caso de los problemas de contaminación del aire
en áreas metropolitanas que afectan a millones de habitantes como la Cuidad de
México o la Ciudad de Los Ángeles California (L. Molina y M.Molina,2003:23). El deterioro de la
calidad del aire en estas metrópolis no es un problema reciente, ya que éste se
ha mantenido a lo largo de más de 35 años, las soluciones científicas y
tecnológicas poco han podido hacer para eliminar del paisaje urbano esta
problemática, así cobra relevancia conocer el papel que juega la variable
social en el análisis de esta problemática desde el análisis expuesto de la
movilidad.
El papel de la participación en política ambiental
Se parte del
supuesto de que actualmente existen mecanismos institucionalizados de
centralidad en la toma de decisiones ambientales que inhiben una efectiva
participación social a favor del ambiente, ya que en las grandes ciudades,
independientemente de ser gobernadas localmente, operan más de un nivel de
gobierno tanto vertical como transversalmente, por ejemplo, en el contexto
histórico de la Ciudad de México se conservan rasgos de autoritarismo y
centralismo fuertemente enraizados en la cultura y la práctica del Estado
mexicano, en donde siguen subsistiendo estructuras cerradas en la toma de las
decisiones ambientales más trascendentes, al margen de los intereses
colectivos. Por ejemplo, la toma de decisiones[7] para
aplicar instrumentos ambientales de mejoras a la calidad del aire deja mucho
que decir cuando, a pesar de existir programas para reducir la contaminación,
esta no logra ser reducida y no se ha logrado pernear una cultura cívica que
desincentive el uso del automóvil[8].
Lo trascendental en el tema en
materia ambiental, es conocer la creación y seguimiento de las llamadas “políticas
de desarrollo sustentable”, ya que dentro de los aspectos preponderantes de esta
política se debe incluir a la ciudadanía en la formulación y puesta en marcha
de sus acciones, por ejemplo: los desarrollos de infraestructura
urbano-regional; el establecimiento y control de estándares (normas oficiales)
de emisión de contaminantes; el cumplimiento y en su caso sanción de la ley en
materia ambiental, así como la revisión permanente de este cuerpo jurídico.
(Pacheco y Vega, 2001:38-57). Mientras la sociedad
deba proveerse de recursos materiales dentro de los límites espaciales de la
ciudad, estos propios límites de recursos y espaciales, promoverán desigualdades
sociales, así como deterioro ambiental en la calidad del aire por la dinámica
actual de uso particular de automotores. Si el administrador contemporáneo no
conduce una política de gestión urbana en donde permita que las demandas
sociales se desarrollen por los causes institucionales adecuados y se promuevan
prácticas de participación sustantiva, no es de extrañar que las movilizaciones
(ahora con este componente ambiental) continúen en el escenario político,
recurriendo a prácticas reactivas aprendidas del pasado. Aplicar una política
ambiental de esta naturaleza, implica recursos económicos y administrativos
(ceder poder) a favor de las mayorías en un nivel de participación enfocado a
la gestión[9]
como una especie de empoderamiento comunitario. El problema planteado en estos
términos implicará analizar qué tipo de indicadores existen para evaluar la
participación social en la materia, y si
son estos indicadores los más convenientes.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Ziccardi, A. (1998). Gobernabilidad
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[1] Sobre
los propósitos de los movimientos en la sociedad urbana, es posible seguir la
pista a diversas tesis desarrolladas en la construcción de la teoría
sociológica moderna, un ejemplo de ello es la interpretación de Touraine sobre
lo que el llama los actores sociales, este
autor indica que dependiendo de las características del Estado, de las fuerzas
políticas y del poder económico, los actores sociales tienden a la acción
colectiva en función de tener menores derechos sociales, por lo cual estos
actores pueden irrumpir en la escena pública en forma violenta, es decir, en un
panorama pesimista (Touraine, 1987:84-88).
[2] Una
referencia ilustrativa para esclarecer la conformación y características de
este concepto lo podemos encontrar en el texto de T.H. Marshall y T. Bottomre: Ciudadanía y clase social, en la segunda
parte del libro se menciona que la ciudadanía constituye un conjunto de
derechos civiles, políticos y sociales lo implicaría una ciudadanía sustantiva y no solamente participar en los asuntos del
gobierno como ciudadanía formal, es
decir, con derechos vinculados a la pertenencia del Estado, por su parte
Ziccardi (1998), señala a la participación como un componente central de la
democracia, ya que la participación agrega a esta forma de gobierno --a través
del voto-- su capacidad de representación
de todos los ciudadanos. Ziccardi reconocerse que existen diferentes tipos de
participación como: participación
comunitaria, participación política y participación ciudadana, en donde
ésta última tiene acciones y objetivos distintos a las otras formas de
participación que le otorgan un sentido pleno del concepto de ciudadanía
(Ziccardi, 1998:28-29).
[3]
Al respecto Doug McAdam define los movimientos sociales como las tentativas
racionales de los grupos de excluidos por movilizar suficientes palancas
políticas para avanzar en los intereses colectivos a través de acciones no
institucionales (Citado por Wood, 2001:63); por su parte Graizbord (1999)
señala que ciudadanos no organizados o sin poder ni influencia para librar
batallas políticas como administrativas o jurídicas, tienden a recurrir, para
ser apoyados, a diversos agentes (tanto políticos, como lideres locales,
organizaciones no gubernamentales, etc.), en donde su capacidad para obtener
respuestas a sus demandas e influir en las decisiones y acciones públicas, será
efectiva en función de: i) la focalización de sus objetivos; ii) la conciencia
que tenga como agente de cambio; iii) la utilización correcta de los medios a
su alcance (por ejemplo los jurídicos) y por último; iv) su autonomía relativa
(Graizbord, 1999: 149-161).
[4] Este
concepto fue ampliamente utilizado por el pensamiento Marxista. Al respecto Carlos
Marx señaló que la historia de todas
las sociedades existentes hasta ahora había sido la historia de la lucha de
clases y por lo tanto era importante demostrar:
1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases
históricas de desarrollo de la producción; 2) que la lucha de clases
conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta
misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de
todas las clases y hacia una sociedad sin clases... (Marx, 1974: t.I).
[5] El
concepto de acción colectiva es usado como la capacidad de transformación
requerida dentro que las protestas que generan los movimientos sociales para
demandar mejoras a sus condiciones de vida y demandar más y mejores servicios
urbanos (oportunidad política) (Wood, 2001:47)
[6] Desde el punto de vista jurídico en México se han
previsto diversas instancias de participación ciudadana, todas ellas con un
origen directo de la
Constitución Mexicana que establece la libertad de asociación
para cualquier objeto licito en forma pacifica (artículo 9°
constitucional).Recientemente, la
Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Unión , aprobó en el 2003 el
dictamen de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
las Organizaciones de la
Sociedad Civil , en la exposición de motivos de dicha ley,
destaca los señalamientos en el sentido de que la sociedad civil ha venido
organizándose para asumir con mayor
eficacia su corresponsabilidad en el desarrollo económico, social y
democrático, que también ha participado en la elaboración de la legislación que
estimula la vigilancia tanto del diseño de las políticas públicas, como en el
cumplimiento cabal de los programas, obras y acciones del gobierno en sus respectivos
ámbitos de competencia y por eso el Estado debe apoyar su consolidación
otorgándoles financiamiento.
[7]
Par Pacheco y Vega (2001), un análisis de
participación ciudadana para generar políticas ambientales, tendría que
realizan una diferenciación entre una coalición
ambiental formada por la sociedad civil y el gobierno; y un proceso multiparticipativo con diversos
actores de la sociedad, en el primer caso, sin embargo, se puede utilizar la
participación ciudadana solamente para legitimar una acción gubernamental y el
segundo caso, si toma en consideración a los grupos de la sociedad civil desde
el inicio de la política ambiental hasta su evaluación, la participación
ciudadana cobra relativa autonomía (véase anexo 1). (Pacheco y Vega, 2001).
[8] El
Programa para Mejorar la Calidad del Aire en al Zona Metropolitana del Valle de
México 2002-2010, reconoce que el 80% de la contaminación del aire es por los
cerca de casi 4 millones de vehículos que circulan en la metrópoli.
[9] Véase anexo 2. Sobre los
niveles de la participación.
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